Una catástrofe que debe replantearnos nuestra cultura de la prevención

La reciente DANA que ha azotado las provincias de Valencia y Albacete ha dejado un saldo trágico de más de dos centenares de víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. Este desastre natural pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar la gestión de riesgos en España, especialmente en lo que respecta a las inundaciones, que son la catástrofe natural que mayores daños generan en el país, con una media de 800 millones de euros anuales en pérdidas, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

La gestión de riesgos es fundamental para las aseguradoras, ya que permite evaluar y mitigar los riesgos financieros y operativos a los que se enfrentan, garantizando así la estabilidad financiera y su capacidad para cumplir con las reclamaciones de los asegurados. En el contexto de las inundaciones, una gestión eficaz del riesgo implica identificar áreas vulnerables, evaluar la probabilidad y el impacto de posibles eventos catastróficos y desarrollar estrategias para minimizar las pérdidas.

Las aseguradoras han reaccionado con rapidez ante la situación límite que se vive en esta parte del país y han lanzado sus habituales protocolos especiales ante situaciones de fenómenos atmosféricos extraordinarios. Los daños serán cubiertos en su mayoría por el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo público dependiente del Ministerio de Economía que actúa como última garantía para catástrofes naturales o climáticas como esta.

El CCS cuenta con los mayores expertos del país en la valoración de eventos catastróficos, además de apoyarse en toda la red de peritaje de las distintas compañías de seguros privadas. Cada año, su equipo de estudios publica un informe donde se recogen cuáles han sido los desastres naturales en los que ha tenido que hacer frente a grandes indemnizaciones. 

En el informe de 2023 se recogen las 85 peores catástrofes que ha atendido el Consorcio desde que maneja datos (1977): la gota fría de Murcia y Valencia de 1987, el ciclón Klaus que barrió el norte de España en 2009 y provocó 12 víctimas mortales, el terremoto de Lorca de 2011… Y, por encima de todas ellas, aparecen hasta ahora las inundaciones de Vizcaya de 1983. Esta última tragedia, que asoló el área metropolitana de Bilbao y municipios como Durango, Llodio o Bermeo y provocó 34 muertos, conllevó el pago de unas indemnizaciones por valor de 977 millones de euros actuales (ajustados por la inflación), por lo que se considera la peor tragedia natural en términos económicos en la historia reciente de España. 

Pero lo que ha ocurrido con esta reciente DANA va camino de convertirse en un hito histórico difícil de asimilar, ya que el nivel de concentración de población y riqueza que hay en el cinturón de Valencia ahora es mayor al que había en Bilbao hace 40 años: más coches, más comercios, más centros logísticos… más casas y más personas afectadas. 

Para que nos hagamos una idea, la referencia que existe para calibrar el tamaño de la tragedia de Valencia y Albacete es la DANA de 2019 en el Levante peninsular, que provocó seis víctimas mortales y causó daños cubiertos por el Consorcio por valor de 478 millones de euros. Sin embargo, la evaluación total de todos los destrozos (impacto en infraestructuras, empresas que no pueden abrir durante meses, afectación del mobiliario urbano….) supusieron una factura total de 2.270 millones de euros, de acuerdo con los cálculos que el Gobierno español remitió a Bruselas para solicitar ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Por lo tanto, los daños totales de una catástrofe de este tipo pueden multiplicar por cuatro o por cinco a la parte de la que se hace cargo el Consorcio.

Lecciones de la DANA: estrategias para mejorar la gestión de riesgos

La DANA que afectó a Valencia y Albacete ha evidenciado muchas deficiencias en la gestión del riesgo de inundaciones. La urbanización de espacios fluviales, como cauces y ramblas, ha incrementado la exposición y vulnerabilidad de las áreas urbanas a crecidas súbitas. Además, la falta de infraestructuras adecuadas y sistemas de alerta temprana eficientes ha contribuido sin duda a la magnitud de la catástrofe.

Para minimizar los efectos de futuras inundaciones, es esencial implementar una serie de medidas desde la perspectiva de la gestión de riesgos en el sector asegurador:

1. Evaluación y mapeo de riesgos

Desarrollar mapas de peligrosidad que identifiquen las zonas con mayor riesgo de inundación es una herramienta esencial para la planificación y la toma de decisiones, ya que permiten a las aseguradoras ajustar sus políticas y primas en función del nivel de riesgo, ofreciendo una cobertura más precisa y equitativa. 

La elaboración de estos mapas requiere la recopilación y análisis de datos históricos de precipitaciones, topografía, uso del suelo y patrones de drenaje. Además, es fundamental actualizar periódicamente esta información para reflejar cambios en el entorno y en el clima, garantizando así su relevancia y precisión. 

Porque el componente topográfico en el caso de la DANA ha sido determinante. El hecho de que te encuentres una sierra o una montaña puede estacionar o disminuir la velocidad de la entrada de la nube y anclarla de forma permanente durante muchos minutos, descargando la precipitación. Y es lo que ha pasado en esas comarcas del área de Bunyol, del altiplano, Requena y Utiel, donde se vieron más frenadas las nubes y donde descargaron las mayores cantidades de precipitaciones. 

Una topografía muy abrupta también incluye una gran pendiente que acelera la escorrentía, la velocidad del flujo contiene sedimentos o carga de la erosión aguas arriba, donde el terreno arcilloso se compone de arenas y gravas. Los sedimentos cargan el flujo del agua y, por lo tanto, este hace muchísimo más daño porque colapsa, ciega zonas de desagüe y rebosa las canalizaciones 

Y la pluviometría es un concepto obvio. Una intensidad de lluvia de más de 60 litros por metro cuadrado en cuatro horas ya es mucho. La lluvia acumulada por esta DANA en muchas zonas de Valencia fue excepcional, con más de 250-300 litros por metro cuadrado. Los registros más elevados, no obstante, fueron de casi 500 litros. 

La colaboración entre entidades públicas y privadas es clave en este proceso. Las aseguradoras pueden aportar datos sobre siniestros y reclamaciones, mientras que las autoridades locales y nacionales pueden proporcionar información geográfica y ambiental. Esta sinergia facilita la creación de herramientas más completas y útiles para la gestión del riesgo de inundaciones.

2. Implementación de infraestructuras resilientes

Invertir en infraestructuras que puedan resistir eventos climáticos extremos es una medida preventiva esencial. Sistemas de drenaje eficientes, diques, presas y otras estructuras de control de inundaciones pueden reducir significativamente el impacto de las crecidas.

Además, la planificación urbana debe considerar la construcción en zonas no propensas a inundaciones. No se puede construir en cualquier sitio y que hay que respetar la dinámica de la naturaleza, especialmente los cursos fluviales. Pero desde los años 60 el ser humano ha intentado ocupar cualquier espacio sin respeto ninguno al funcionamiento de los cursos fluviales. Y aquí tenemos las consecuencias.

España tiene unos 25.000 kilómetros de zonas inundables, en las que viven unos 2,7 millones de personas, siendo las cuencas del Ebro, Júcar y Duero las que tienen más territorio «inundable», según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. De los 2,7 millones, cerca de 473.000 personas habitan en las zonas con mayor riesgo de inundación. Y estos datos únicamente aluden a las cuencas intercomunitarias, que son las que son competencia del ministerio. Si se añaden el resto de cuencas, se estima que la cifra de habitantes sobre zonas de más alto riesgo puede ascender a cerca de las 700.000 personas.

También la  preservación de áreas naturales actúan como amortiguadores naturales. La adopción de soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de humedales y la reforestación de cuencas hidrográficas, también contribuye a la resiliencia frente a inundaciones. Mientras tanto, los gobiernos centrales y autonómicos se niegan a dragar y limpiar en profundidad los cauces de los ríos y barrancos, que están llenos de árboles caídos, matorrales y vegetación que dificulta la libre circulación del agua en situaciones cada vez más frecuentes. 

Estas medidas no solo mitigan el riesgo, sino que también ofrecen beneficios adicionales, como la mejora de la biodiversidad y la calidad del agua. Es fundamental que las aseguradoras promuevan y apoyen estas iniciativas, ofreciendo incentivos a los asegurados que implementen medidas de mitigación y colaborando con las autoridades en la planificación y financiación de infraestructuras resilientes.

3. Sistemas de alerta temprana

Mejorar los sistemas de monitorización y alerta para proporcionar información oportuna a las comunidades es crucial para reducir las pérdidas humanas y materiales. Tecnologías avanzadas, como sensores remotos, estaciones meteorológicas y modelos predictivos, permiten detectar y prever eventos de inundación con mayor precisión. 

Es una de las pocas cosas que han funcionado en esta catástrofe. Los expertos opinan que el fenómeno estaba bastante bien previsto pese a rebasar sus cálculos. La predicción de la AEMET fue acertada y estuvo en el margen de error que puede existir en este tipo de situaciones atmosféricas, que son de difícil predicción en la escala local. La primera previsión se hizo pública el 20 de octubre (8 días antes) y se dio esa alerta roja a las 7.35 horas del martes. En total, ese día se enviaron seis avisos por parte de la AEMET. La cuestión es, ¿se subestimó la virulencia de la DANA? A priori, los datos indican que los acumulados de agua finales en la zona cero duplicaron las estimaciones iniciales, pero hay muchos matices con estos datos.

Lo más importante es que la eficacia de estos sistemas depende no solo de la tecnología, sino también de la comunicación efectiva con la población. Es esencial establecer protocolos claros para la emisión de alertas y garantizar que la información llegue a todos los sectores de la comunidad, incluyendo a las personas más vulnerables. El fallo es que esos mensajes no llegan rápido a la población. Pasan un filtro de los mecanismos de Protección Civil y no llegan con la celeridad suficiente a los móviles de los ciudadanos, que es a quienes deberían llegar de manera rápida. Mucha gente no se entera de que se ha decretado una alerta roja y que no puede salir de casa.

No fue hasta las 20.12 h del martes cuando millones de valencianos recibían la alerta visual y sonora en su móvi: “Debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia”. Para entonces, las brutales lluvias en la zona de Utiel y Chiva, al interior de la provincia, estaban ya lanzando río abajo un tremendo torrente de agua que iba a ser catastrófico. Minutos antes y a unos pocos kilómetros, en localidades como Catarroja, Paiporta o Alfafar, donde ni siquiera llovía, la gente estaba cogiendo el coche despreocupadamente por carreteras secundarias para ir al Ikea, recoger a los niños de las extraescolares o regresar a sus casas en esa parte sur del área metropolitana, la más castigada y donde viven unas 200.000 personas. Les iba a arrollar en cuestión de minutos la peor inundación que se recuerda. No se podía parar la lluvia ni los ríos, solo despejar de personas su mortal transcurso.

Vista de la intensidad y violencia que están alcanzando estos fenómenos atmosféricos en zonas de España, habría que tender hacia sistemas de alertas como las existentes en Estados Unidos para huracanes o tornados, donde si se decreta el nivel máximo de alerta, las autoridades o te sacan de casa o te confinan durante un tiempo. Ante situaciones de alto riesgo van a ser necesarios los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado y de Protección Civil, para que se avise directamente a la población con sistemas de megafonía en coches, o se bloqueen las salidas de las poblaciones limitando la circulación a lo estrictamente indispensable. 

Es necesario establecer mejores protocolos y mucho más estrictos. La información y comunicación directa de la alerta al ciudadano no puede quedar en manos de los cuerpos técnicos, sino que tiene que llegar al ciudadano directamente. Y las aseguradoras pueden desempeñar un papel activo en la promoción y financiación de sistemas de alerta temprana, reconociendo que una respuesta rápida y coordinada reduce las reclamaciones y, en última instancia, los costes asociados a los desastres naturales.

4. Educación y concienciación

Fomentar una cultura de prevención entre la población también es esencial para la gestión efectiva del riesgo de inundaciones. Programas educativos que informen sobre los riesgos, las medidas de autoprotección y los planes de emergencia pueden salvar vidas y reducir daños materiales.

Esos fenómenos naturales con los cuales estábamos acostumbrados a convivir están adquiriendo unas dimensiones que son desconocidas; y los mecanismos de respuesta no están adecuados para esas dimensiones. La ciudadanía se resiste a aceptar que sus condiciones de vida van a cambiar.

Resulta muchas veces complicado hacerles entender que las respuestas convencionales que se han venido dando a fenómenos de estas características ya no sirven y que esto obliga a restringir, a modificar, a condicionar los comportamientos, los protocolos de vida del día a día de las personas. 

Quizá España debería copiar los modelos de otros países que están acostumbrados a que cuando ocurren estos fenómenos más extremos se paraliza todo. Pero aquí en nuestro país cuesta bastante, porque hablamos de paralizar la economía durante unos días. Sin duda, pese a la incertidumbre que generan estos fenómenos y a la dificultad de predecir su desarrollo, en España es muy necesario llevar la cultura de la seguridad y la emergencia al mundo educativo, sobre todo en las zonas mediterráneas, pues la gente no sabe qué hacer en caso de alerta.

Las aseguradoras pueden colaborar en estas iniciativas, ofreciendo recursos educativos, talleres y campañas de concienciación. Además, pueden incentivar a los clientes que participen en programas de formación y adopten medidas preventivas, ofreciendo descuentos en primas o coberturas adicionales. La educación también debe enfocarse en la comprensión de las pólizas de seguro, asegurando que los asegurados conozcan sus coberturas, exclusiones y procedimientos en caso de siniestro, lo que facilita una gestión más eficiente y transparente de las reclamaciones.

5. Colaboración público-privada

Por último, establecer alianzas entre el sector asegurador y las autoridades gubernamentales es fundamental para una gestión integral del riesgo de inundaciones. Esta colaboración permite compartir información, recursos y experiencias, facilitando una respuesta más coordinada y efectiva ante desastres naturales.

Las aseguradoras pueden aportar datos valiosos sobre siniestralidad y tendencias, mientras que las autoridades pueden proporcionar información sobre planificación territorial, infraestructuras y políticas públicas. Esta sinergia es esencial para desarrollar estrategias de mitigación y adaptación más efectivas.

Además, la colaboración puede extenderse a la financiación de infraestructuras resilientes y programas de prevención. Las aseguradoras pueden destinar fondos para proyectos de mitigación de riesgos, mientras que el sector público puede coordinar la implementación de estas medidas en áreas de alta vulnerabilidad. Este tipo de colaboración no solo fortalece la infraestructura física, sino que también contribuye a crear una comunidad más resiliente frente a los desastres naturales.

Antiselección: un riesgo adicional en catástrofes naturales

La antiselección es un fenómeno que se presenta en el sector asegurador cuando los individuos con mayor riesgo de sufrir un siniestro son quienes más buscan contratar seguros, mientras que aquellos con menor riesgo, y por lo tanto más rentables para la aseguradora, tienden a evitar adquirir estas pólizas. Este concepto, conocido también como «selección adversa,» plantea un desafío importante para las compañías de seguros, ya que implica una mayor probabilidad de asumir riesgos de alto coste sin una compensación adecuada en primas.

En el contexto de la reciente DANA que ha azotado Valencia y Albacete, la antiselección se convierte en un problema crítico. Después de una catástrofe de esta magnitud, es probable que los habitantes de las zonas afectadas, ahora conscientes de su vulnerabilidad, busquen seguros de inundación o de protección contra fenómenos naturales. Sin embargo, si estas personas viven en áreas de alto riesgo y solo contratan el seguro tras haber experimentado una catástrofe, las aseguradoras se enfrentan a un número desproporcionado de asegurados con alto riesgo de sufrir un nuevo siniestro en el futuro. Esto incrementa la exposición de las aseguradoras a siniestros de alto coste y puede afectar la viabilidad financiera de la cobertura en dichas zonas.

Sin embargo, en España, este riesgo se mitiga en gran medida gracias al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). A diferencia de las aseguradoras privadas, el Consorcio cubre los costes de los daños causados por catástrofes naturales a todos los asegurados, independientemente de la zona de riesgo en la que se encuentren o de las características de sus pólizas individuales. Es decir, actúa como un “respaldo de última instancia” para los asegurados, permitiendo que el riesgo se distribuya de manera equitativa entre toda la población asegurada. De este modo, la antiselección se rompe, ya que el Consorcio no discrimina entre asegurados de alto o bajo riesgo; todos los ciudadanos con una póliza válida en el ramo correspondiente reciben cobertura en caso de un siniestro extraordinario, como los eventos de la reciente DANA en Valencia y Albacete.

Este modelo elimina la presión que la antiselección podría ejercer sobre las aseguradoras privadas en zonas de alto riesgo. Al garantizar que todas las personas con seguro reciban apoyo, el Consorcio promueve una cultura de prevención y protección financiera que beneficia a toda la sociedad. Además, su intervención en estos siniestros facilita la recuperación económica de las zonas afectadas y evita que el coste recaiga exclusivamente sobre los asegurados con mayor exposición al riesgo, protegiendo tanto al sector asegurador como a las comunidades en riesgo.

Hacia una nueva cultura de la prevención que es tan urgente como necesaria

La catástrofe causada por la DANA en Valencia y Albacete debe ser una llamada a la acción impostergable para toda la sociedad española. La prevención y la gestión de riesgos no pueden seguir siendo aspectos secundarios o de baja prioridad en la planificación urbana y en las políticas de seguro; deben ser el centro de una estrategia integral para reducir el impacto de futuros desastres. El sector asegurador, en colaboración con las autoridades y las comunidades, tiene una oportunidad única para liderar este cambio cultural, impulsando una mayor concienciación y compromiso con la prevención de riesgos.

Es imperativo que se invierta en infraestructuras resilientes, en sistemas de alerta eficaces, en educación ciudadana y en estrategias de mitigación apoyadas por el sector público y privado. Solo así podremos construir un entorno seguro y preparado para hacer frente a las crecientes amenazas que representan el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. La DANA en Valencia y Albacete nos recuerda que la gestión de riesgos es, en última instancia, una cuestión de vida o muerte. Y el momento de actuar es ahora.

—–