La lluvia en Sevilla no es una maravilla: anatomía de una inundación anunciada

Las imágenes que dejó la borrasca del pasado 29 de octubre de 2025 en Sevilla no son solo el testimonio de un fenómeno meteorológico adverso. Son la radiografía de una vulnerabilidad sistémica. Ver las calles principales de la ciudad convertidas en canales, los vehículos atrapados y los polígonos industriales paralizados no puede despacharse como una «anécdota meteorológica». Representa, por el contrario, el síntoma visible de un profundo fallo en la gestión del riesgo, una brecha entre la creciente frecuencia de fenómenos extremos y la inercia de un tejido empresarial e institucional que opera bajo paradigmas obsoletos.

Para comprender la magnitud del colapso, basta analizar la naturaleza del agente causal. El 29 de octubre fue el día de octubre más lluvioso de la historia de Sevilla, batiendo marcas que se mantenían desde hacía 28 años. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) atribuyó la severidad del fenómeno a una borrasca con «características subtropicales». Esta terminología es crucial: no fue una borrasca convencional, sino un sistema con una capacidad de transporte de humedad muy superior, exacerbada por el calentamiento del océano.

Los datos son elocuentes. Se registraron pluviometrías de hasta 115 litros por metro cuadrado, pero lo más revelador fue la intensidad: más de 25 litros por metro cuadrado en apenas una hora. En solo cuatro días, la ciudad acumuló un 83% más de lluvia de lo normal para todo el mes. Estos valores demuestran que los sistemas de drenaje urbano, diseñados con parámetros históricos de una zona considerada “seca”, son incapaces de gestionar esta nueva normalidad.

La respuesta al estrés hídrico fue un fallo en cascada. La ciudad no se inundó por zonas; se paralizó de forma sistémica. El servicio de Emergencias 112 Andalucía gestionó más de 700 incidencias solo en la provincia, que ascendieron a casi 1.500 en toda la comunidad. Las cifras oficiales detallaban 59 inundaciones, 34 caídas de ramas y 8 rescates. Lo más preocupante, desde una perspectiva de riesgo, fue el impacto en infraestructuras críticas: se interrumpió el servicio de Metro en tramos clave y se reportaron anegaciones en instalaciones tan sensibles como el Hospital Virgen Macarena. Zonas que son motores económicos, como el Polígono Industrial El Pino o barrios comerciales como Nervión, resultaron gravemente afectados. El riesgo real no fue el agua, sino la parálisis funcional de una capital.

El daño patrimonial y la brecha del infraseguro

El impacto en el tejido comercial, particularmente en pequeños negocios y autónomos, ha sido severo. En polígonos industriales como El Pino, las naves sufrieron inundaciones graves y las primeras estimaciones cifraron las pérdidas en «entre 80.000 y 90.000 euros por empresa”. La tipología del daño es profunda: no se trata solo de la pérdida de existencias, sino de daños en instalaciones eléctricas, la inutilización de equipos informáticos o servidores en sótanos y daños masivos a flotas de vehículos en garajes.

Sin embargo, el verdadero coste de esta inundación no reside en el daño material directo, sino en la interrupción de negocio. Los informes son claros al describir una «paralización temporal de la circulación», la «suspensión de operaciones», la «imposibilidad de acceder a las instalaciones», los «cortes eléctricos» y los «fallos logísticos”. El análisis es contundente: «cada hora de inactividad representa pérdidas difíciles de recuperar». Desde la experiencia en gerencia de riesgos, las cifras de 80.000-90.000 € son engañosas, pues suelen referirse solo al Daño Material, excluyendo la Pérdida de Beneficios, que puede multiplicar el coste final.

Dado que las inundaciones son consideradas un riesgo extraordinario, la gestión de las indemnizaciones recae sobre el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Para que el CCS active su cobertura, el afectado debe disponer de una póliza de seguro en vigor con una entidad privada que cubra los bienes siniestrados. Y ahora el CCS se prepara para una gestión masiva de siniestros, tras un amplio despliegue de peritos.

Sin embargo, la eficacia del CCS depende de la calidad de la póliza privada. El siniestro de Sevilla revelará una crisis silenciosa y generalizada en el tejido pyme: el infraseguro. El Consorcio indemniza sobre la base de los capitales contratados en la póliza privada y, en un contexto de alta inflación de costes, muchas empresas no han actualizado sus pólizas. Aseguraron sus naves por el valor de 2010, no por el coste de reposición de 2025, u omitieron declarar maquinaria o sistemas informáticos críticos. Cuando el perito aplique la regla proporcional, la brecha entre el daño real y la indemnización recibida será, para muchas empresas, existencial.

El fracaso de la prevención o lo que el agua no debería haber tocado

Como es habitual, el debate público se ha centrado en la insuficiencia de las infraestructuras públicas, como los tanques de tormenta, o en soluciones a largo plazo como «despavimentar» o avanzar hacia una «ciudad esponja”. Estas soluciones macro son necesarias, pero son lentas y desvían la atención del fracaso real e inmediato: la prevención privada.

Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, el debate sobre los tanques de tormenta ignora que la mayor parte de los daños patrimoniales en el sector empresarial eran evitables. Las pérdidas de 90.000 € por empresa en polígonos y bajos comerciales son un indicador de una ausencia total de medidas de protección. Acciones básicas como la instalación de barreras anti-inundación (compuertas estancas) en accesos; la instalación de válvulas antirretorno en el saneamiento; o la simple elevación de cuadros eléctricos, servidores informáticos y equipos críticos (dañados en sótanos) por encima de la cota de inundación conocida, habrían evitado la mayor parte de las pérdidas.

Si la ingeniería de riesgos falló en proteger el patrimonio (el Daño Material), la ausencia de planificación operativa provocó la catástrofe real (la Interrupción de Negocio). Los informes que describen la paralización de actividades y los fallos logísticos son la prueba fehaciente de que la inmensa mayoría de las empresas afectadas carecían de un Plan de Continuidad de Negocio (PCN).

El siniestro físico (el agua) es solo el disparador. Un PCN robusto habría dado respuesta a las preguntas críticas: ¿Cómo operamos si el edificio es inaccesible? (Protocolos de teletrabajo). ¿Cómo gestionamos la pérdida de los servidores locales? (Sistemas de Disaster Recovery en la nube). ¿Cómo respondemos a la caída de la logística? (Acuerdos con proveedores alternativos). El hecho de que la narrativa dominante sea de «parálisis» y «pérdidas irrecuperables» demuestra que las empresas no tenían un Plan B. La indemnización del CCS llegará, pero lo hará en semanas o meses. Para entonces, los clientes, que exigen servicio ininterrumpido, ya se habrán ido.

De la reacción a la respuesta colaborativa

En medio del caos operativo, emergió un fracaso aún más profundo: el de la gobernanza del riesgo. Se produjo una notable y contraproducente confrontación pública entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la AEMET. El consistorio criticó a la agencia estatal por no haber elevado el nivel de aviso a «rojo». La AEMET, por su parte, defendió la corrección técnica de su aviso naranja y, lo que es más importante, reveló que había informado al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Ayuntamiento «hasta en diez ocasiones» y «de manera directa» a lo largo de la jornada.  

Este debate sobre el color de la alerta es una distracción semántica. Demuestra una peligrosa falta de protocolos de actuación claros, consensuados y vinculantes. Un aviso naranja, comunicado diez veces a la autoridad competente, debería ser un disparador suficiente para activar protocolos de emergencia preventivos. Esta falta de coordinación es insostenible ante la nueva realidad climática. El evento de Sevilla no es aislado; es la nueva línea base. Múltiples fuentes señalan que el cambio climático multiplica la frecuencia de lluvias extremas y la naturaleza «subtropical» de la borrasca es la evidencia. El sector asegurador ya lo está cuantificando: según UNESPA, solo en 2024 (y antes de la gran DANA de final de año), las aseguradoras en España ya habían pagado 562 millones de euros por 721.000 siniestros climáticos.

El escenario post-inundación en Sevilla muestra a todos los actores trabajando en silos, gestionando la catástrofe en lugar de haber gestionado el riesgo. La Junta de Andalucía activa sus planes, el Ayuntamiento despliega servicios de limpieza y anuncia ayudas, las patronales (como la CES o la CEA) evalúan daños y el CCS prepara los pagos. Este modelo es ineficiente y se basa en la transferencia de costes al conjunto de los asegurados.  

Se necesita una alianza estratégica. Las Administraciones Públicas deben crear mapas de riesgo dinámicos y establecer protocolos de actuación vinculantes, superando los acuerdos tácitos. El sector asegurador debe usar su ingente cantidad de datos de siniestralidad para influir activamente en el urbanismo futuro e incentivar la prevención, ofreciendo primas reducidas a empresas con PCN certificados. Finalmente, el tejido empresarial debe asumir la capacidad de adaptación y la continuidad de negocio como parte de su estrategia, no como un coste. 

La inundación de Sevilla no debe ser recordada como un desastre inevitable; debe ser el catalizador que fuerce a todos los actores a adoptar, de una vez por todas, una cultura de la adaptación integral. La prevención y la continuidad de negocio no son opciones; son la única estrategia de supervivencia.