El incendio de la Mezquita de Córdoba (2ª Parte): el riesgo oculto en la responsabilidad de producto

A principios de agosto de 2025, una chispa amenazó con devorar un milenio de historia. Un incendio, presuntamente originado por una barredora eléctrica, se declaró en la Mezquita-Catedral de Córdoba. La rápida actuación de los servicios de emergencia, guiada por planes de autoprotección bien ensayados, evitó una catástrofe de la magnitud de la de Notre-Dame en 2019, un paralelismo que surgió de inmediato. Los daños, estimados en un millón de euros, se contuvieron en tres capillas sin afectar a la estructura principal del monumento. El mundo respiró aliviado, pero este alivio enmascara una lección mucho más alarmante para el mundo empresarial.

Y es que es necesario alejarse del éxito en la contención del evento para plantear una pregunta mucho más perturbadora: ¿qué hubiera ocurrido si el fuego se hubiera propagado? ¿Y si las pérdidas no hubieran sido de 1 millón, sino de 100 millones de euros? 

En ese escenario, el incendio deja de ser un siniestro gestionable para convertirse en un evento de extinción corporativa para el fabricante o importador de la maquinaria que presuntamente estuvo implicada, la cual pondremos como ejemplo (y hasta que se definan fehacientemente las causas exactas del fuego) para esta reflexión. 

Porque la historia ya no es sobre la resiliencia de un monumento, sino sobre la fragilidad de una empresa que subestimó fatalmente el riesgo que su propio producto podía generar. El incendio de Córdoba es, por tanto, una advertencia crítica sobre la sistémica infravaloración del riesgo en la responsabilidad civil de producto.

Subestimando el potencial catastrófico que puede llevarte a la ruina

El problema nace de un sesgo cognitivo común: evaluar el riesgo de una máquina por su valor intrínseco y no por el valor del ecosistema donde opera. Una barredora eléctrica de unos pocos miles de euros que trabaja en un Patrimonio de la Humanidad de valor incalculable representa una asimetría de riesgo brutal. 

Para corregir esta miopía, es crucial aplicar el concepto de Máximo Siniestro Previsible (MSP). El MSP no es el coste de reponer la máquina, sino el valor total de los activos de terceros que esta puede destruir, sumado a las pérdidas consecuenciales, como la interrupción de la actividad del cliente o la pérdida de alquileres de una propiedad dañada. Es decir, se refiere al peor escenario posible que podría ocurrir a un asegurado, asumiendo que fallan todas las protecciones y la catástrofe se desarrolla sin control (no confundir con la Pérdida Máxima Probable (PML) que considera la existencia y funcionamiento normal de los medios de protección y extinción). En Córdoba, el MSP no eran los mil euros de la barredora, sino los cientos de millones de la Mezquita-Catedral.

Una vez que se establece que el producto es defectuoso (ya sea por un fallo de fabricación, de diseño o por advertencias inadecuadas) la responsabilidad del fabricante, importador o alquilador es prácticamente automática. Aquí es donde una póliza de Responsabilidad Civil (RC) de producto con un límite inadecuado se convierte en una sentencia de muerte financiera.

Imaginemos al fabricante de la barredora presuntamente implicada, una pyme con una facturación de 15 millones de euros y una póliza de RC estándar de 3 millones. Ante una reclamación de 100 millones, su aseguradora pagaría hasta el límite de la póliza, dejándole con una deuda pendiente de 97 millones. Esta cifra, que multiplica por seis su facturación anual, le llevaría a la insolvencia inmediata. A esto se sumarían los elevadísimos costes de defensa jurídica, que agotarían cualquier liquidez. La sentencia judicial final desencadenaría la liquidación de la empresa y el negocio, construido durante décadas, desaparecería.

La Ilusión de la proporcionalidad y la necesidad de músculo financiero

Este escenario pone de manifiesto una verdad incómoda: la suficiencia de una póliza de seguros de una máquina no debe medirse en proporción a la facturación del asegurado, sino en proporción al Máximo Siniestro Previsible que puede causar en el patrimonio de dicho cliente. Una empresa que vende su maquinaria a clientes con activos de alto valor (como pueden ser infraestructuras críticas, plantas industriales, hospitales o, como en este caso, patrimonio histórico) debe disponer de un «músculo financiero» asegurador capaz de soportar el peor escenario posible.

La advertencia es clara: incluso una única reclamación por un producto defectuoso puede perjudicar considerablemente el balance general de una empresa, y si el coste no asegurado es lo suficientemente grande, podría producir su quiebra. 

La función primordial del seguro de RC de producto no es gestionar las pequeñas reclamaciones del día a día, sino garantizar la supervivencia de la empresa ante un evento catastrófico de baja probabilidad, pero de altísima severidad. Confiar en una póliza de responsabilidad civil general estándar es a menudo insuficiente, ya que sus límites suelen ser bajos y sus exclusiones, numerosas. Las reclamaciones de producto son específicas y costosas, y requieren una cobertura diseñada a medida para no dejar a la empresa expuesta al abismo financiero.

La doble trampa para los administradores: negligencia y falsa seguridad

La decisión de infraasegurar un riesgo catastrófico no es un mero error operativo, sino una cuestión de gobierno corporativo que recae directamente sobre los administradores empresariales. La Ley de Sociedades de Capital les impone un «deber de diligencia de un ordenado empresario», que incluye la obligación de identificar los riesgos previsibles y mitigarlos. Ignorar un riesgo previsible como un incendio catastrófico y no asegurarlo adecuadamente no se ampara en la «discrecionalidad empresarial», sino que puede ser calificado por un tribunal como un acto temerario.

Las consecuencias son personales. La ley establece que los administradores responderán con su patrimonio, presente y futuro, por los daños causados por su negligencia. En nuestro escenario de la Mezquita de Córdoba, los acreedores podrían reclamarles directamente el déficit de 97 millones de euros. De esta manera, el seguro de RC deja de ser un gasto para convertirse en un escudo protector esencial, no solo para la compañía, sino para la seguridad financiera de sus directivos.

A menudo, esta negligencia se ve alimentada por una falsa sensación de seguridad que emana de la propia ley. El Real Decreto Legislativo 1/2007, que transpone la Directiva europea sobre productos defectuosos, establece en su artículo 141 un límite a la responsabilidad civil del fabricante de aproximadamente 63,1 millones de euros. Sin embargo, confiar en este límite es un error estratégico. 

La redacción del artículo es explícita: el límite se aplica a la responsabilidad por «muerte y lesiones corporales», no a los daños materiales. En un incendio como el de la Mezquita, con un escenario de daño a la propiedad, este límite legal sería inaplicable. La responsabilidad por daños materiales es, a efectos prácticos, ilimitada. La única protección real no proviene de la ley, sino de una estructura de seguro robusta.

La arquitectura de la solvencia: el seguro por capas

Frente a un riesgo potencialmente ilimitado, la solución es una arquitectura de seguro inteligente y escalonada. El programa de seguro por capas es la herramienta estándar para construir límites de cobertura muy elevados de forma asequible. Consiste en apilar varias pólizas, donde cada una solo se activa cuando el límite de la inferior se ha agotado.

La estructura se compone de una capa primaria, que cubre desde el primer euro hasta un límite inicial (por ejemplo, 10 millones), y sucesivas capas de exceso que se añaden para alcanzar el total deseado. La clave de su eficiencia es el precio. La capa primaria es la más cara en términos relativos, pues soporta los siniestros más frecuentes. Sin embargo, las capas de exceso son progresivamente más baratas, ya que la probabilidad de que un siniestro alcance esos niveles de daño disminuye drásticamente. 

Para los riesgos más extremos, a menudo se recurre al coaseguro, donde un sindicato de aseguradoras comparte el riesgo de una misma capa, permitiendo ofrecer capacidad para siniestros de una magnitud que ninguna compañía podría asumir en solitario. Esta arquitectura convierte una protección aparentemente inalcanzable en una herramienta de gestión de riesgos estratégica y accesible.

El diagnóstico experto en la era del riesgo tecnológico

Construir una protección tan sofisticada exige un conocimiento profundo, no solo del sector asegurador, sino también del ámbito industrial, que presenta riesgos complejos que requieren un diagnóstico experto. Aquí es donde un consultor especialista como Compitte actúa como un médico. 

Para entender el valor de un especialista en este campo, resulta útil la analogía con la medicina. En este símil, la empresa cliente es el «paciente», con una «fisiología» operativa única y una serie de «patologías» potenciales (los riesgos).

– El diagnóstico: la función de un consultor experto como Compitte no es simplemente vender un «medicamento» (la póliza). Su primer y más crucial papel es el de «médico diagnosticador». Este proceso implica un análisis exhaustivo que va mucho más allá de una simple revisión de la facturación. Se debe evaluar el ciclo de vida completo del producto, desde el diseño y la cadena de suministro de materias primas, hasta su aplicación final. Es fundamental analizar los entornos en los que operarán las máquinas: ¿son de bajo riesgo, como una oficina, o de altísimo riesgo, como una refinería, un quirófano o la Mezquita-Catedral? Se deben identificar los modos de fallo potenciales y su Máximo Siniestro Previsible.  

– El vademécum: el vasto universo de soluciones aseguradoras representa el «vademécum» o farmacopea. Es un compendio inmenso y complejo de pólizas, cláusulas, exclusiones, límites y condiciones. Navegarlo sin un conocimiento experto es como intentar automedicarse para una enfermedad grave: el resultado puede ser ineficaz o, peor aún, contraproducente.

– La prescripción: armado con un diagnóstico preciso, el especialista consulta el «vademécum» para formular una «prescripción» a medida. No se trata de un remedio genérico, sino de una combinación precisa del «principio activo» correcto (el tipo de cobertura específica necesaria, como RC de producto, retirada de producto, etc.) en la «dosis» adecuada (los límites de cobertura, estructurados en capas para ser eficientes). El objetivo es inmunizar al paciente contra la catástrofe financiera, mitigando el riesgo de la forma más precisa y rentable posible.

Aplicando este enfoque al caso de Córdoba, un diagnóstico experto habría identificado inmediatamente que el cliente final (la Mezquita-Catedral) era un entorno de riesgo crítico y de valor incalculable. Esta sola variable habría activado una alerta roja, señalando la absoluta necesidad de que cualquier proveedor de maquinaria, por modesta que fuera, contara con un programa de Responsabilidad Civil por capas con un límite muy elevado. La falta de este diagnóstico previo es lo que permite que existan brechas de protección tan peligrosas.

Progreso y riesgo, la alianza inevitable

El incidente de Córdoba es un microcosmos de la relación ineludible entre progreso y riesgo. Las baterías de iones de litio, que probablemente alimentaban la barredora supuestamente implicada, son la tecnología que ha hecho posible la revolución de la movilidad eléctrica y los dispositivos portátiles. Sin embargo, suponen un perfil de riesgo de incendio cualitativamente diferente y más peligroso que las tecnologías a las que reemplazan. 

Estas baterías almacenan una densidad de energía extremadamente alta en un espacio muy reducido. Un defecto de fabricación, un daño físico o un uso inadecuado pueden desencadenar un proceso de «fuga térmica», una reacción en cadena de autocalentamiento incontrolable que es notoriamente difícil de extinguir. Los incendios de baterías de litio arden a temperaturas muy elevadas, liberan gases tóxicos y pueden reavivarse horas o incluso días después de haber sido aparentemente sofocados.  

Cuando esta tecnología irrumpió en el mercado, fue aclamada como un avance limpio y eficiente. Su perfil de riesgo catastrófico, sin embargo, solo se ha hecho evidente a medida que se ha generalizado su uso y se han acumulado los incidentes. Esto ilustra un patrón recurrente: la gestión de riesgos y la industria aseguradora a menudo operan con un cierto desfase con respecto al ritmo vertiginoso de la innovación tecnológica. Existe un periodo crítico en el que una nueva tecnología se adopta masivamente antes de que su potencial destructivo sea plenamente comprendido, evaluado y correctamente tarifado en los productos de seguro. Durante este lapso, tanto los fabricantes como los usuarios finales pueden estar operando con una exposición al riesgo mucho mayor de la que son conscientes.

La conclusión es clara: el progreso debe ir de la mano del riesgo. Una gestión de riesgos robusta no es un freno a la innovación, sino su copiloto esencial. La lección final del incendio de Córdoba es que una pequeña chispa de una nueva tecnología puede amenazar con consumir siglos de historia. Solo un enfoque proactivo y experto hacia la transferencia del riesgo puede garantizar que los beneficios del progreso no queden reducidos a cenizas por sus peligros ocultos.