Radiografía de la eficiencia del Sector Público y sus implicaciones para la competitividad nacional

En el actual escenario económico de los albores de 2026, donde la agilidad se ha convertido en la divisa más valiosa para cualquier organización, la estructura y eficiencia de la administración pública española se erigen como factores determinantes (y a menudo limitantes) de la competitividad nacional. 

El reciente informe sobre eficiencia del Sector Público elaborado por la consultora TACTIOTeal, al que ha tenido acceso Compitte, arroja luz sobre una realidad administrativa compleja y en plena mutación, ofreciendo una base empírica para un debate que a menudo se pierde en la retórica política. Lejos de las impresiones subjetivas, los datos revelan una transformación silenciosa, pero profunda, del Estado, caracterizada por una descentralización masiva y una disparidad de costes que plantean serios interrogantes sobre la sostenibilidad y la eficacia del modelo.

El documento de TACTIOTeal actúa como un espejo de alta resolución que nos devuelve una imagen nítida: España no es un país con un Estado hipertrofiado en términos absolutos si nos comparamos con nuestros vecinos del norte, pero sí es un país donde la administración ha mutado su piel, transfiriendo el peso muscular del centro a la periferia de una manera que no siempre ha garantizado la eficiencia del gasto.

La gran descentralización y el ocaso de la administración central

El hallazgo más contundente del análisis de TACTIOTeal es la confirmación estadística de un cambio de paradigma histórico: el adelgazamiento extremo de la Administración General del Estado en favor de un crecimiento robusto de las Comunidades Autónomas. Los datos muestran una curva divergente clara a lo largo de las dos últimas décadas: mientras el sector público estatal pierde efectivos a gran velocidad año tras año, quedándose en un esqueleto administrativo que apenas representa el 18% del total de los empleados públicos, las autonomías han absorbido este protagonismo hasta aglutinar cerca del 60% de los efectivos totales.

Esta reconfiguración territorial no es meramente estética; altera el funcionamiento de la maquinaria pública. El informe destaca cómo la relación de servidores públicos por habitante en la administración central ha caído a mínimos históricos, situando a España en un nivel medio-bajo en comparación con el resto de Europa en este indicador específico. En contraste, la ratio de funcionarios autonómicos por habitante no ha dejado de crecer, consolidando a las regiones como el verdadero motor del empleo público y, por ende, como los principales gestores de los servicios esenciales del Estado del Bienestar.

Sin embargo, el informe de TACTIOTeal advierte de una consecuencia financiera directa de este modelo: la disparidad en la eficiencia del gasto. Al cruzar los datos de efectivos con el gasto público real ajustado al IPC, emerge una conclusión preocupante para los analistas de eficiencia. El funcionariado autonómico se revela, comparativamente, como el más costoso de mantener en relación con el gasto público total. 

Existe una brecha de eficiencia notable entre la administración local (que presenta las cifras más positivas de coste por personal) y la administración autonómica, que se sitúa casi 15 puntos por debajo en términos de proporcionalidad entre gasto y servicio. La pregunta que plantea el informe es inquietante: ¿podrá el fuerte crecimiento del aparato autonómico moldear sus costes para hacerlos sostenibles en los años venideros, o estamos financiando una estructura duplicada con ineficiencias de escala?

La paradoja de la población activa y el espejo europeo

Otro de los mitos que el informe de TACTIOTeal matiza con datos es la supuesta explosión descontrolada del número de funcionarios. En relación con la población total, la ratio de servidores públicos se ha mantenido relativamente estable, oscilando entre 5 y 6 por cada 100 habitantes, con picos lógicos durante las crisis económicas de 2008 y 2020, momentos en los que el Estado actuó como empleador de último recurso. No obstante, el análisis introduce un matiz crucial: aunque la relación con la población general es estable, sí se observa un aumento significativo de los funcionarios en proporción a la población activa.

Esto significa que, cada vez más, una mayor parte de la fuerza laboral disponible en España trabaja para el sector público. El informe documenta un crecimiento casi constante en este indicador, lo que sugiere que el sector público está drenando recursos del mercado laboral activo a un ritmo superior al crecimiento demográfico natural. En un contexto como el de 2025, donde el sector privado ha luchado por encontrar talento cualificado en áreas técnicas, esta absorción de capital humano por parte de la administración (especialmente en las escalas autonómicas) genera una tensión competitiva que no puede ser ignorada.

Al levantar la vista hacia Europa, el informe de TACTIOTeal nos sitúa en una posición intermedia que desmonta la idea de que España es un país de funcionarios, pero confirma nuestra anomalía estructural. No alcanzamos los niveles de empleo público de los líderes del Estado del Bienestar como Dinamarca, Suecia o Finlandia, que superan ampliamente nuestras cifras relativas. Sin embargo, nos distanciamos de los modelos centralistas. España se alinea más con países de estructura federal de facto, pero con una particularidad: la descentralización de recursos humanos ha sido más intensa que en muchos de nuestros pares, sin que ello haya ido acompañado necesariamente de los mecanismos de control de eficiencia y calidad de gobierno que caracterizan a los modelos nórdicos.

El contexto de 2025: cuando la estructura se encuentra con la realidad

Si bien el informe de TACTIOTeal proporciona la radiografía estructural, el análisis debe completarse cruzando estos hallazgos con la coyuntura operativa de 2025. La realidad es que esa estructura descentralizada y costosa descrita en el informe está operando hoy bajo una presión inédita. El gasto en personal de las administraciones públicas ha marcado un récord histórico, superando los 170.000 millones de euros, una cifra que tensiona los presupuestos y que, según el análisis de TACTIOTeal, ha crecido en mayor proporción que el propio número de empleados, evidenciando el encarecimiento unitario del servidor público.

Este incremento del coste salarial se agrava por una brecha retributiva que sigue ampliándose. Los datos del Banco de España y del INE confirman que, en 2025, la remuneración media en el sector público superó en un 25% a la del sector privado. Esta «prima» salarial, justificada en parte por la mayor cualificación media, genera, sin embargo, distorsiones graves en el mercado de talento. Ingenieros, juristas y expertos en tecnología se ven atraídos hacia la función pública no solo por la estabilidad, sino por unas condiciones económicas de entrada que el tejido empresarial privado, asfixiado por cargas fiscales y laborales, a menudo no puede igualar.

A este coste financiero se suma un coste operativo que el informe de TACTIOTeal no aborda directamente, pero que es la consecuencia lógica de la estructura descrita: la ineficiencia por fragmentación. La hegemonía autonómica descrita en el informe se traduce, en la práctica empresarial, en la ruptura de la unidad de mercado. Una empresa aseguradora o industrial no se enfrenta a un regulador, sino a 17, cada uno con sus propios tiempos, criterios y burocracias. Esta dispersión normativa y procedimental actúa como un impuesto invisible a la productividad, obligando a las compañías a dedicar recursos ingentes al mero cumplimiento administrativo en lugar de a la innovación o el crecimiento.

El factor humano definido por el absentismo y el envejecimiento

El análisis de la eficiencia no puede desligarse del desempeño real de los funcionarios. En 2025, el absentismo laboral se ha consolidado como una patología crónica del mercado laboral español, con una tasa que ronda el 7% de las horas pactadas. Sin embargo, en el sector público, esta realidad cobra tintes más preocupantes, ya que la duración media de los procesos de incapacidad temporal y la incidencia de las bajas son sistemáticamente superiores en la administración que en el sector privado.

Este fenómeno, unido al envejecimiento de la plantilla (más del 57% de los efectivos de la Administración del Estado supera los 50 años), dibuja un escenario de riesgo operativo inminente. Nos enfrentamos a una administración que, pese a las ofertas de empleo público masivas de los últimos años, no logra rejuvenecerse al ritmo necesario para afrontar la transición digital con garantías. Tenemos una estructura administrativa diseñada en el siglo XX, con una fuerza laboral envejecida, intentando gestionar los retos de la sociedad del dato del siglo XXI. El resultado es, inevitablemente, un colapso en la calidad del servicio percibido por el ciudadano y la empresa, visible en los retrasos en la concesión de licencias, la saturación de la atención primaria o la lentitud exasperante de la justicia.

La visión de Compitte y el riesgo estructural

Desde la perspectiva de la gerencia de riesgos en la que se especializa Compitte, el Informe TACTIOTeal no es solo un documento estadístico; es un mapa de riesgos sistémicos. La ineficiencia de la administración pública ha dejado de ser una molestia para convertirse en una amenaza tangible para la cuenta de resultados de las empresas.

El «Riesgo Administración» se manifiesta hoy en múltiples frentes. En el sector asegurador, por ejemplo, el colapso de la justicia (con cerca de 4 millones de asuntos pendientes según el último informe trimestral oficial que elabora la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial) impacta directamente en las provisiones técnicas de las compañías, obligadas a inmovilizar capital durante años a la espera de resoluciones judiciales sobre siniestros. La inflación de costes derivada de estos retrasos, unida a los intereses de demora, encarece las primas y endurece las condiciones de suscripción.

Del mismo modo, la lentitud en la tramitación de licencias industriales y urbanísticas, fruto de esa burocracia autonómica y local que el informe señala como preponderante, paraliza inversiones y genera un lucro cesante que muchas pymes no pueden soportar. La incertidumbre sobre los plazos administrativos se ha convertido en una variable crítica a la hora de evaluar la viabilidad de cualquier proyecto en España.

La urgencia de repensar el modelo

La conclusión final que se extrae del análisis cruzado del informe de TACTIOTeal y la realidad de 2025 es que España se encuentra en una encrucijada. Hemos construido un modelo de administración descentralizada homologable a los estándares europeos en tamaño, pero que presenta serias disfuncionalidades en términos de coste y eficiencia operativa. La carga estructural del gasto público en personal, rígida y al alza, compite por recursos limitados que podrían destinarse a inversión productiva.

No se trata de demonizar lo público, sino de exigir que la maquinaria funcione. Es preocupante observar cómo, a pesar de contar con una carga estructural de personal récord y un gasto en máximos históricos, la percepción de calidad de los servicios públicos se deteriora. Quizá, como sugiere la comparativa con los modelos nórdicos, el problema no sea el número de empleados, sino el diseño de los incentivos, la rigidez del régimen funcionarial y la falta de una cultura de evaluación del desempeño real.

Para las empresas españolas, y para el sector asegurador que les da soporte, la ineficiencia administrativa es hoy un riesgo estratégico. Gestionarlo requiere no solo paciencia, sino herramientas sofisticadas de protección jurídica y financiera. Mientras el Estado no aborde la reforma pendiente de su propia estructura, buscando esa eficiencia que tanto se echa en falta, las empresas deberán seguir navegando con el viento de cara, protegiéndose de la inercia de una administración que, muy a menudo, llega tarde y cuesta demasiado.