La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece diversas obligaciones a los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlos. De este modo, los operadores ante una amenaza de daño medioambiental deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, cuando el daño se haya producido, para limitarlo y evitar que se produzcan nuevos daños, así como devolver los recursos naturales dañados a su estado básico, entendido como aquel en el que se encontraban antes de que ocurriera el daño.

Por lo que cualquier operador que genere un daño ambiental tiene la obligación de reponerlo.

Por otro lado, la Ley 26/2007 también establece, concretamente en su artículo 24, que los operadores de las actividades incluidas en su anexo III deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.

A este respecto, el artículo 33 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece que la determinación de la garantía financiera partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad y establece el procedimiento a seguir para la determinación de su cuantía.

Tanto si su actividad se encuentra incluida en el citado anexo III, teniendo la obligación de contratar la garantía financiera, como si voluntariamente desea conocer el riego ambiental y contratar un seguro que cubra los posibles daños ambientales que su actividad pueda generar,  ponemos a su disposición la experiencia de TEKNIMAP, obtenida como entidad inspectora acreditada del Pool de Riesgos Medioambientales, Asistencias Técnicas realizadas para la Viceconsejería de Medio Ambiente de Gobierno Vasco y Análisis de Riesgos y monetización del riesgo efectuados para empresas particulares, quien le aportará la herramienta que más se adecúe a sus necesidades concretas.